La Fiscalía pide tres años de prisión para los imputados en el 'caso CAI'
Javier Alfaro

La Fiscalía pide tres años de prisión para los imputados en el 'caso CAI'

El ministerio fiscal exige también una fianza solidaria de 18 millones para García Montes, Alfaro y Marrero. La jueza decreta la apertura del juicio oral tres años despues de la presentación de la querella.

R. BARCELÓ 29/12/2015 ARTÍCULO DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

La desaparición de la CAI, las emblemática caja aragonesa, empieza a pasar factura a algunos de sus máximos responsables entre el 2000 y el 2013, ejercicio en que fue engullida por el grupo Ibercaja tras absorber a Caja3. El multimillonario agujero económico (todavía por determinar) que provocó la gestión de la entidad durante los años de la burbuja inmobiliaria no ha tenido sin embargo repercusiones judiciales sobre sus gestores, aunque la Fiscalía ya ha movido ficha en el caso CAI.

En concreto, el ministerio fiscal ha solicitado tres años de prisión para el exdirector general de CAI, Tomás García Montes, el exdirector territorial de la entidad en Madrid, Javier Alfaro, y el exsocio de la caja en Andalucía para los negocios inmobiliarios, Ramón Marrero, por un delito "continuado" de administración desleal. Así consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, en el que además les reclama una fianza solidaria (conjuntamente) de 18 millones para los tres imputados "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles", detalla el auto de fecha 21 de diciembre. En el caso de que los acusados no aporten dicha fianza, se procederá al embargo de sus bienes.

En el auto del juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza, la jueza también decreta la apertura del juicio oral para los tres acusados, aunque finalmente será la Audiencia Provincial el órgano que fije la celebración de la vista.

 

INMUEBLES Y VIAJES CAI presentó hace ahora tres años una querella contra los tres imputados por, supuestamente, realizar un viaje a Egipto con sus familias que fue costeado por la caja. En este caso, CAI abonó, a través de varias sociedades participadas por CAI Inmuebles --instrumento inmobiliario de la entidad que ocasionó pérdidas millonarias--, importes de 90.000. 45.230 y 60.000 euros a El Corte Inglés.

Además, Alfaro y García Montes adquirieron en el Puerto de Santa María (Cádiz), en el 2007, sendas viviendas por 221.704 y 226.519 euros a la sociedad Soto de Vistahermosa, un precio inferior al que fijaba en ese momento el mercado. En estas operaciones actuaba como representante de la empresa Ramón Marrero. Este último y Alfaro realizaron además operaciones de desinversión ordenadas por la CAI que supusieron un quebranto para la caja, tal y como denunció ésta en su día.

La acusación particular (CAI) reclamaba penas de 16 años para cada uno de los acusados por los delitos de apropiación indebida y de administración desleal. Además, solicitaba a García Montes, Alfaro y Marrero una indemnización de casi 13 millones de euros, principalmente por la reestructuración de los negocios (venta de acciones y participaciones). Mientras, la acusación popular (el sindicato CIC) pedía 16 años de cárcel y casi 6,2 millones de euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil.

 

NUEVA QUERELLA A LA VISTA Precisamente, CIC puso ayer de manifiesto que la gestión "delictiva" en la CAI "va más allá" de la querella presentada por la entidad contra el exdirector general Tomás García Montes. En este sentido, el sindicato anunció que a comienzos del 2016 tiene previsto presentar una nueva querella "más amplia" que podría salpicar a otros responsables de la antigua caja de ahorros ya desaparecida.

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